La mesa federal de la JP Evita manifiesta su repudio al asesinato por parte de la policía de la provincia de Río Negro bajo el amparo político del gobernador Miguel Saiz, de Diego Bonefoi (15), Nicolás Carrasco (17) y Sergio Cárdenas (28) el día jueves 17 del corriente, en un humilde barrio de la ciudad de Bariloche.
Entendemos que este terrible suceso, es la consecuencia de una serie de definiciones políticas del gobierno de la provincia de Río Negro, que devela su carácter represivo y antipopular al designar y proteger funcionarios, vinculados con la dictadura militar (caso Lorenzatti, separado de la fuerza hace solo algunos días), otros que han sido denunciados por asociación con las redes de trata de personas, y asimismo, violaciones a los derechos humanos en dependencias policiales y cárceles de la provincia (caso Cufré, actualmente Secretario de seguridad).
En contraste, desde el año 2003 el gobierno nacional, primero con el compañero Néstor Kirchner y actualmente con la compañera Cristina Fernández, ha desarrollado una política de protección de los derechos humanos y de resolución pacífica de los conflictos, como el reciente hecho de levantamiento del bloqueo de frontera en Gualeguaychu.
Queda manifiesto que los conflictos sociales no deben ser resueltos por la policía sino por definiciones políticas.
Desde la JP Evita sostenemos que Miguel Saiz, debe asumir la responsabilidad política de este accionar represivo de la policía. Asimismo creemos necesaria la renuncia del Ministro de Gobierno, Diego Larreguy, por justificar este accionar policial.
Sostenemos y denunciamos que los discursos de mano dura contra los jóvenes y en particular de los sectores populares, reproducidos en forma constante por los monopolios de comunicación, en boca de figuras como Macri, Duhalde, Sanz, entre otros, quienes pretenden hacernos creer que la inseguridad se resuelve con más policía y más represión, terminan justificando atrocidades, como el asesinato de estos tres jóvenes.
Solo habrá más seguridad, en la medida en que se creen o profundicen políticas de estado que logren mayor inclusión social y una distribución más equitativa de las riquezas.
Entendemos que este terrible suceso, es la consecuencia de una serie de definiciones políticas del gobierno de la provincia de Río Negro, que devela su carácter represivo y antipopular al designar y proteger funcionarios, vinculados con la dictadura militar (caso Lorenzatti, separado de la fuerza hace solo algunos días), otros que han sido denunciados por asociación con las redes de trata de personas, y asimismo, violaciones a los derechos humanos en dependencias policiales y cárceles de la provincia (caso Cufré, actualmente Secretario de seguridad).
En contraste, desde el año 2003 el gobierno nacional, primero con el compañero Néstor Kirchner y actualmente con la compañera Cristina Fernández, ha desarrollado una política de protección de los derechos humanos y de resolución pacífica de los conflictos, como el reciente hecho de levantamiento del bloqueo de frontera en Gualeguaychu.
Queda manifiesto que los conflictos sociales no deben ser resueltos por la policía sino por definiciones políticas.
Desde la JP Evita sostenemos que Miguel Saiz, debe asumir la responsabilidad política de este accionar represivo de la policía. Asimismo creemos necesaria la renuncia del Ministro de Gobierno, Diego Larreguy, por justificar este accionar policial.
Sostenemos y denunciamos que los discursos de mano dura contra los jóvenes y en particular de los sectores populares, reproducidos en forma constante por los monopolios de comunicación, en boca de figuras como Macri, Duhalde, Sanz, entre otros, quienes pretenden hacernos creer que la inseguridad se resuelve con más policía y más represión, terminan justificando atrocidades, como el asesinato de estos tres jóvenes.
Solo habrá más seguridad, en la medida en que se creen o profundicen políticas de estado que logren mayor inclusión social y una distribución más equitativa de las riquezas.
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